Ante las recientes declaraciones sobre el proceso de privatización de AySA, queremos expresar nuestra posición en defensa de los trabajadores y trabajadoras sanitaristas, y de la empresa estatal que constituye una herramienta esencial para garantizar un derecho humano fundamental: el acceso al agua y al saneamiento.

En dichas declaraciones se afirma que la gestión estatal de AySA ha sido “ineficiente y costosa”, ubicándola como “el segundo peor operador de la región” en base a un cuadro comparativo. Sin embargo, dicho indicador mide únicamente la cobertura, sin considerar la calidad ni la performance en la operación del servicio. De este modo, se inducen conclusiones erróneas que no reflejan el verdadero trabajo y compromiso que día a día sostienen los trabajadores de la empresa.

También se mencionan necesidades de inversión por 15.000 millones de dólares y se asegura que el capital privado será la solución. Cabe preguntarse qué grupo empresario estaría dispuesto a invertir semejantes sumas para expandir el servicio hacia sectores que necesariamente requieren subsidios estatales y que no representan rentabilidad inmediata. La experiencia histórica demuestra que la lógica del mercado no garantiza inclusión, sino que prioriza la rentabilidad por sobre el acceso universal.

En este sentido, es preciso señalar que el nuevo marco regulatorio ha eliminado la obligación de los concesionarios de universalizar el servicio y realizar obras de expansión. Hoy es la Agencia de Planificación (APLA) quien elabora el Plan Director de Mejora Estratégica y determina qué obras se realizan, cómo y con qué financiamiento estatal. Por lo tanto, sostener que la privatización permitirá llegar a los 5 millones de argentinos sin agua y cloacas carece de sustento real.

La principal debilidad de este proceso queda en evidencia: en un esquema privatizado, nadie asume la responsabilidad de garantizar el acceso al agua y al saneamiento a la población más vulnerable, aquella que más necesita de la presencia del Estado.

Desde el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias reafirmamos que el agua no es una mercancía: es un derecho humano esencial y un bien social que debe estar bajo la órbita del Estado, con gestión profesional y participación activa de sus trabajadores y trabajadoras.